Este 8 de marzo, honramos, reconocemos y acompañamos la voz y liderazgo de las organizaciones de mujeres, mujeres indígenas y feministas en Guatemala, en sus luchas históricas, que se entretejen en distintos rincones del país, y reiteramos nuestro compromiso para poner fin a la discriminación y violencia de género, y otras formas de violencias contra las mujeres y niñas.

En Guatemala, la profundización de las múltiples desigualdades y discriminaciones impactan de forma diferenciada la vida de las mujeres, agudizando la violencia basada en género, los femicidios, la falta de empleos dignos, el escaso acceso a servicios de salud oportunos y pertinentes, y la insuficiente promoción de la participación efectiva en los espacios de toma de decisión, especialmente para las juventudes, y las mujeres indígenas.

Algunos datos confirman esta realidad:

· Diariamente, se presentan 168 denuncias de violencia contra la mujer; 5 mujeres son reportadas desaparecidas ante el Ministerio Público,

· Para el año 2023 se registraron 62,306 nacimientos en niñas y adolescentes entre 10 y 19 años (datos OSAR)

· La inseguridad alimentaria afecta al 67% de las mujeres, especialmente en comunidades indígenas y rurales.

· De cada Q.100 que produce la economía guatemalteca, únicamente dos centavos y medio se destinan a garantizar el cumplimiento de los derechos humanos para las niñas y adolescentes.

· Al menos el 51.5% de las personas afectadas en situaciones de crisis humanitarias son mujeres.

· Las mujeres indígenas y afrodescendientes siguen enfrentando de manera exacerbada la discriminación racial en sus diferentes expresiones, como el analfabetismo con un 48%, la ausencia de cuotas de participación equitativa en diferentes espacios de toma de decisión, el acceso a tierras, recursos y medios de vida etc.

Ante este contexto como CARE reiteramos nuestro compromiso de aportar a la construcción de procesos que apuesten al reconocimiento y fortalecimiento del liderazgo de las mujeres y niñas desde sus diversas interseccionalidades, incrementando sus capacidades para ejercer ciudadanía activa y para incidir en la construcción de entornos socioeconómicos y políticos incluyentes y equitativos para el ejercicio pleno de sus derechos humanos.