Guatemala tiene una población de 14,713,763[1] millones de habitantes (según informe 2010 de SEGEPLAN) de los cuales el 60% son indígenas y el 52% son mujeres.  De ese total, el 45% vive en condiciones de pobreza y extrema pobreza, siendo el área rural la más afectada con un 63%. El contexto actual de Guatemala en el que la violación a los derechos humanos es sistemática, ha dado lugar a la criminalización del trabajo de las mujeres indígenas defensoras de los derechos individuales y colectivos; a la violencia, invisibilización y estigmatización de las defensoras, quiénes actualmente carecen de medidas de protección, auto-cuidado etc. Según el diagnóstico realizado por Iniciativa Mesoamericana de Defensoras en el año 2012, el 60% de los casos de violencia contra las mujeres defensoras son provocados por funcionarios públicos (policías, funcionarios municipales). Las mujeres defensoras más afectadas son del área rural (mujeres indígenas), donde la discriminación, la violencia, el racismo, la desigualdad se expresa en múltiples aspectos sociales, políticos y económicos.

En este contexto, el Movimiento de Mujeres Indígenas Tz’ununija’ –MMITZ- y CARE a través de la implementación del proyecto “Mujeres mayas y garífunas, construyendo una vida digna y con justicia” pretenden contribuir a que las Mujeres Mayas y Garífunas que se confrontan a la permanente  violación de sus derechos y sus libertades fundamentales, cuenten con las capacidades técnicas, políticas y de gestión organizativa, para promocionar, defender y ejercer sus derechos.  Por otro lado el proyecto incluye la articulación con otras organizaciones de la sociedad civil defensoras de derechos humanos; así como la incidencia y trabajo conjunto con el Sistema de Justicia, para incorporar recomendaciones que permitan a los operadores de justicia atender los casos de violencia o violación de derechos incorporando una mirada de diversidad étnico cultural e igualdad de género. De esta forma estas entidades aportarán al reconocimiento y valorización del rol social y la importancia del trabajo de las Defensoras Mayas y Garífunas. Esta acción contribuye entonces a la construcción de un Estado Democrático, en el que se respeta la diversidad cultural y se impulsan diálogos y consensos entre el Estado y las organizaciones defensoras de derechos humanos, fortaleciendo a su vez a la gobernabilidad democrática.